El objetivo del diplomado para la formación de especialistas en adquisición pública es institucionalizar la figura del Comprador Público Certificado (CPC), de manera que a partir de enero de 2018 todas las contrataciones por montos iguales o mayores a los 10 millones de lempiras deberán ser acompañadas por un certificado de cumplimiento, refrendado por uno de estos especialistas.

Así lo explicó el Secretario Coordinador General de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, al referirse a la implementación de un diplomado de “Formación de Especialistas en Adquisición Pública”, el cual será ofrecido por las principales universidades nacionales del país y cuya presentación oficial se llevó a cabo el pasado lunes en una ceremonia especial.

Hernández Alcerro explicó que el mencionado programa académico, que será coordinado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y la Universidad de Defensa, está dirigido a fortalecer las capacidades de los funcionarios que participan directamente en las adquisiciones y contrataciones públicas y convertirlos en Compradores Públicos Certificados (CPC).

Se espera a futuro que la responsabilidad de esta profesionalización sea absorbida por las universidades del país, públicas y privadas, a fin de que haya una oferta permanente para un área técnica en crecimiento y con mucha demanda, puntualizó el Coordinador General de Gobierno.

“Este proceso que estamos iniciando conlleva la intención de crear una carrera en el área de las adquisiciones públicas y esperamos que, en un futuro cercano, estos profesionales puedan optar a los puestos claves en las compras públicas, como jefe de licitaciones u oficial de adquisiciones, entre otros, y acceder a esos cargos bajo un proceso de selección por méritos”, expresó el funcionario.

Agregó que la idea de crear la figura del CPC es institucionalizar la certificación de la normativa de los planes de compras y contrataciones del Estado, como requisito previo a cualquier pago del Gobierno por obras, servicios o suministros, “y esto debe ser a corto plazo”.

Hernández Alcerro precisó que, además de refrendar procesos de compra, el objetivo es que a partir de enero de 2018 todas las adquisiciones o contrataciones del Estado, por montos iguales o mayores a los 10 millones de lempiras, deberán contar con un certificado de cumplimiento emitido por un Comprador Público Certificado, ratificando con ello el cumplimiento sustancial de todo el marco regulatorio aplicable, establecido por la Secretaría de Finanzas.

“Las modificaciones de los contratos arriba del 10 por ciento serán revisadas y previo a su autorización, deberán contar con la opinión favorable del Comprador Público”, añadió el ministro.

El Coordinador General de Gobierno destacó que todo interesado en ser un CPC deberá aprobar el diplomado de “Formación de Especialistas en Adquisiciones Públicas”, para poder optar a ocupar esa posición en la administración pública.